Un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece modificaciones al régimen disciplinario en las cárceles del país fue aprobado este miércoles en comisión en el Senado con el aval de senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

La iniciativa enviada en 2021 al Senado surgió a partir de una recomendación recibida por el Estado argentino de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que marcó que la regulación nacional en la materia presenta "un sensible atraso" en el contexto internacional.

Durante la reunión de este miércoles de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, se avanzó en la firma de la propuesta del PEN que busca cambios en el régimen disciplinario al que se encuentran sometidos los detenidos, con el objetivo de garantizar sus derechos a defensa.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, expresó que "lamentablemente cuando una persona pierde la libertad pierde otros derechos, y no tienen que perder otros derechos" y consignó que las modificaciones impulsadas se motorizaron por una causa de más de 20 años "cuyo peticionario ha fallecido".

Se trata del recluso Guillermo Patricio Lynn, ya fallecido, quien entabló una demanda contra el Estado el 29 de diciembre de 2000 y que tramita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por una sanción disciplinaria que se impuso en su momento contra el detenido.

La subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós de Rébori, que ejerce además como interventora del Servicio Penitenciario Nacional, juzgó que "hay que adecuar la actual ley, modificando todas las fallas que tenía en relación con el debido proceso".

"En este proyecto las faltas medias y leves serán abordadas por una especie de comité con gente del servicio penitenciario y presencia de la persona involucrada", especificó.

Añadió que para faltas graves "existe un sistema de sanciones que están en la ley" y explicó que se propone la eliminación de "la sanción administrativa por comisión de delito, con cuestiones que tienen que ver con la convivencia adentro de las unidades penitenciaria".

El proyecto la asigna a una Comisión de Disciplina que funcionará en cada establecimiento y estará compuesta por tres integrantes del personal superior con la misma jerarquía y rango y sostiene que al menos uno de sus integrantes debe ser abogado o abogada.

La Defensora Pública Interamericana, Silvia Martínez, sostuvo en tanto ante los senadores que se está "en una instancia de solución de cumplimiento de una recomendación, referida a la adecuación normativa a los estándares internacionales".

"Este es un proyecto de acuerdos. Es una reforma buena y posible", señaló y agregó que "lamentablemente el peticionario de este caso falleció esperando justicia y no debemos permitir que las personas mueran esperando justicia".

La defensora lamentó que "hace un año que ingreso el proyecto al Parlamento y en un año nada sucedió. No podemos darnos el lujo de seguir esperando".